24 de sep de 2021
Redacción NOR SEVAN
El Centro de Documentación de la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (TIHV, por sus siglas en truco) hizo públicos los datos relativos a las violaciones que se produjeron en el país entre el 1 de marzo y el 31 de agosto. El informe afirma que los derechos y libertades garantizados por la Constitución y los convenios internacionales han sido restringidos arbitrariamente en los últimos seis meses. Destacaba que los defensores de los derechos humanos que se oponían a los tratos arbitrarios se han enfrentado a detenciones, arrestos, torturas e investigaciones.
Según los datos de TİHV, se han impuesto prohibiciones de actos y actividades públicas en 19 provincias y tres distritos durante 729 días en los últimos 6 meses, y una prohibición indefinida de actividades en un distrito.
Un total de 124 eventos y actividades fueron intervenidos durante este periodo, incluyendo 23 eventos sobre derechos de las mujeres y LGBTI+, 21 eventos sobre derechos sindicales y 11 eventos sobre derechos ambientales. Se impidieron 21 actos. Se declaró un toque de queda indefinido en 80 pueblos de 2 distritos.
Durante el mismo periodo, se detuvo a un total de 1.098 defensores de los derechos, de los cuales 119 son defensores de los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTI+, y 14 son defensores de los derechos medioambientales. De estos, 290 defensores de los derechos fueron multados con 909 mil 598 TL en total por los actos y manifestaciones a los que asistieron.
Además, 338 personas, entre ellas más de 20 abogados, 87 defensores de los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTI+, y 7 activistas medioambientales, fueron juzgados y se celebraron 55 vistas. Además, se impusieron medidas de control judicial a 107 defensores de los derechos, y 33 defensores de los derechos fueron encarcelados.
En este sentido, se iniciaron investigaciones contra el Colegio de Abogados de Esmirna y el Colegio de Abogados de Diyarbakır por las declaraciones que hicieron sobre los derechos del colectivo LGBTI+. Se han iniciado investigaciones contra 26 defensores de los derechos, 18 de los cuales son abogados.