Floreal Avellaneda: Un crimen de 1976 que sigue dando vueltas en la calesita judicial

La Corte Suprema retuvo ocho años el expediente y ahora se lo devolvió a la Cámara de Casación. Ante esta situación, Iris Avellaneda, madre del "Negrito", publicó una carta en la que se declara "en rebeldía contra la re victimización de prisioneros del genocidio en Argentina".

"Los genocidas tienen que estar en la cárcel”, remarcó Iris Avellaneda, la mamá de Floreal.

Por Luciana Bertoia

Floreal Avellaneda tenía quince años en abril de 1976, cuando lo secuestraron junto con su mamá, Iris. El cuerpo del “Negrito”, como todos conocían al pibe que militaba en la Federación Juvenil Comunista (FJC), apareció al mes en la costa uruguaya con signos de haber sufrido torturas aberrantes. El juicio por lo que pasaron Iris y el “Negrito” se hizo en 2009, fue el primero de la megacausa de Campo de Mayo, pero dos de los secuestradores aún hoy --doce años después-- no tienen una sentencia firme. Después de retener ocho años la causa, la Corte Suprema devolvió recién días atrás el expediente a la Cámara Federal de Casación en lo que aparece como una dilación sin límite.


En 2009, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de San Martín condenó a todos los acusados por el secuestro, las torturas y el homicidio del “Negrito” Avellaneda. Sin embargo, las penas fueron bajas para los dos militares que habían participado del secuestro, Raúl Harsich y César Fragni, quienes recibieron únicamente ocho años de prisión, y para Alberto Ángel Aneto, el jefe de turno de la comisaría de Villa Martelli, adonde fueron llevados madre e hijo antes de ser trasladados al centro clandestino conocido como “el Campito”, en la guarnición de Campo de Mayo.


Las sentencias bajas fueron apeladas y, en 2012, la Sala II de la Cámara de Casación ordenó al TOF de San Martín revisarlas, teniendo en cuenta que Harsich y Fragni no podían ser absueltos por las torturas que sufrieron Iris y el Negrito, ya que ellos no podían desconocer para qué los estaban llevando. Esa decisión del máximo tribunal penal fue recurrida por las defensas y, desde 2013, estuvo en la Corte Suprema hasta que el 12 de agosto pasado, los cinco supremos contestaron en dos párrafos que no era una sentencia definitiva y rechazaron el recurso.


Recién esta semana volvió el expediente a los tribunales de Comodoro Py, donde tiene asiento la Cámara de Casación. El presidente de la Sala II, Alejandro Slokar, reclamaba la causa desde hace meses porque el tribunal penal aún no revisó las nuevas penas que les dictaron a Harsich, Fragni y Aneto en 2013. Entre una cosa y la otra, pasaron más de ocho años en un caso tristemente emblemático.


“Yo estoy amargada, pero la voy a seguir peleando”, le dijo a Página/12 Iris Avellaneda tras conocerse que el expediente volvió a la Casación. “Los sobrevivientes queremos justicia. Esta gente no puede estar suelta: los genocidas tienen que estar en la cárcel”, remarcó la mujer que declaró en nueve oportunidades ante la Justicia por el calvario que pasaron ella y su hijo adolescente.


La calesita judicial con el caso del “Negrito” Avellaneda también fue repudiada por José Schulman, referente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). “Creo que este gesto muestra la continuidad de la impunidad que el Poder Judicial les garantiza a los genocidas en la Argentina. Esto exige, de una vez por todas, avanzar con la reforma judicial porque es el Poder Judicial en su conjunto el que está comprometido con el lawfare y la impunidad”.


Slokar, como presidente de la Sala II, informó en las últimas horas la integración del tribunal para que las partes estén al tanto y anunció que se fijará audiencia en breve para avanzar “sin más demoras” al examen de las nuevas penas que el TOF dictó en 2013. De no haber recusaciones, serán Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci quienes deberán revisar ese fallo. “Vamos a ir a la audiencia para defender la sentencia”, dijo el abogado de la LADH, Pedro Dinani.


Yo le pido a la Casación y a la Corte que hagan lo que tienen que hacer”, completó Iris que, a más de 45 años del horror, sigue reclamando justicia.



Carta abierta contra la impunidad


Ante esta situación, Iris Avellaneda publicó una carta abierta dirigida "al Pueblo y al poder judicial" en la que se declara "en rebeldía contra la re victimización de prisioneros del genocidio en Argentina".


"Mi nombre es Iris Pereyra de Avellaneda. En abril de 1976 fui secuestrada junto a mi hijo de 15 años, por el ejército argentino en el marco del genocidio a la clase obrera argentina. Luego de ser sometidos a torturas de todo tipo en la comisaría de Villa Martelli y en el campo de concentración llamado El Campito en Campo de Mayo, fui trasladada a la cárcel de Olmos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y paseada por varias cárceles que la dictadura utilizaba para disciplinar a toda la sociedad. Mi hijo Floreal Edgardo Avellaneda no tuvo esa suerte. Quedó en El Campito en Campo de Mayo y forma parte de los miles de desaparecidos que pasaron por esa guarnición militar. Desde 1985, testimonié en el juicio a las juntas militares y hasta la actualidad, he sido llamada a sede judicial a contar con detalles los padecimientos sufridos mientras estuvimos en calidad de detenidos desaparecidos, en ocho ocasiones ante los juzgados y tribunales que investigan el genocidio.


Y otra vez la burra al trigo.


Como parece que no fue suficiente, en estos días recibí la novena citación para testimoniar por las mismas causas. En esta ocasión y pensando que es hora de ponerle punto final a tanto atropello emocional, contesté que no volveré a dar testimonio y me niego a volver a pasar por la re victimización por el solo hecho de legalizar otro juicio contra genocidas que ya cuentan con varias condenas pero sin embargo no tienen cumplimiento efectivo porque las instancias judiciales, llámese tribunal Oral Federal, Casación o Corte Suprema de Justicia no han tenido tiempo o no piensan dejar firme las sentencias judiciales a las que han sido acreedores los genocidas por delitos de lesa humanidad y por consiguiente siguen usufructuando la impunidad de clase en sus lujosas casas.


Respetuosa de las leyes que rigen en el Estado de derecho, cada vez que fui citada, concurrí con la esperanza de ver en el banquillo de los acusados a los planificadores ideológicos y beneficiarios del genocidio en la Argentina. Cada uno de los que participaron del genocidio tiene su grado de responsabilidad. Los militares que ejecutaron la infamia contra sus propios conciudadanos, sus jefes que ordenaron los crímenes, y los más repulsivos cínicos que planificaron todas las acciones y sus consecuencias. Me estoy refiriendo a cada gerente de fábrica nacional o trasnacional que incorporó antes de 1976 dentro de su empresa a militares para que hicieran la inteligencia y detectar a los trabajadores conscientes que reclamaban el cumplimiento de leyes laborales y luego fueron desaparecidos durante la dictadura. Esos gerentes no han sido sentados en el banquillo de los acusados. Muchas veces los hemos escuchado amenazar con que se irían del país si se sintieran obligados a pagar por sus responsabilidades. Lo hicieron en 1986 utilizando una vez más a militares conocidos como “carapintadas” para presionar por la impunidad de sus crímenes y por los delitos económicos con nombre de deuda externa. Además, los hemos sufrido haciendo corridas cambiarias, haciendo campañas de desestabilización política y económica para resguardar sus privilegios, suba de precios de comestibles, etc. Y no cesan en su accionar de manipular la sociedad en beneficio de esa minoría parasitaria a la que pertenecen.

Para esos criminales civiles también exijo justicia.


Hace 45 años que ocurrieron los hechos y siguen impunes. Los juicios de Lesa humanidad, después de derogar las aberrantes leyes de impunidad Punto Final y Obediencia Debida en 2003, la corte suprema se tomó 2 añitos para declarar inconstitucionales estas leyes y los juicios se retomaron en 2005, desde entonces fueron imputadas 3.448 personas, se dictaron 250 sentencias, resultaron condenadas 1.013 personas solo 276 de ellas con un fallo firme y absueltas 164. De ellos, 904 fallecieron durante los 14 años de sus procesos, y 692 antes de obtener sentencia, lo que significa que murieron impunes y 212 tras ser condenados o absueltos. Es bastante exigua la cantidad de procesados y condenados. Teniendo en cuenta que hubo más de 600 campos de concentración diseminados en todo el territorio nacional.


Ante tan flagrante falta de justicia. ¿Con qué derecho me exigen que vuelva a abrir la puerta del infierno sufrido en los chupaderos de la dictadura para que les cuente mi historia mientras los genocidas lo miran por TV sentados cómodamente en sus mansiones?.

Respetuosamente."


Iris Pereyra de Avellaneda

Sobreviviente del campo de concentración El Campito, en Campo de Mayo

Presidenta de Asociación Sobrevivientes, familiares y compañeros de Campo de Mayo


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Fuente: Página 12 y Nuestra Propuesta


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