Colombia, la paz que se quedó en blanco
En los últimos veinte meses, recrudeció la violencia. Se realizaron más de noventa masacres, que se llevaron la vida de más de setenta personas. El gobierno las niega y habla de "asesinatos colectivos".
Por Juan Camilo Lenis*
Bajo una lluvia de aplausos, con cientos de caras sonrientes, rodeados de ropas y banderas blancas; así fue la firma de los acuerdos de Paz, el 26 de septiembre de 2016, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejercito del Pueblo (FARC-EP) daban por finalizado el conflicto entre el Estado colombiano y el grupo insurgente, conflicto que llevaba más de 50 años y miles de víctimas.
Poco tiempo después el Presidente colombiano fue reconocido por el comité noruego como ganador del Nobel de paz, el mismo quien durante los años del gobierno de Uribe fuera vinculado, como ministro de Defensa, al escándalo de las ejecuciones extrajudiciales mal llamadas como falsos positivos entre 2006 y 2009. Santos incluyó los acuerdos en su plan de campaña para ser reelegido como presidente en el período 2014 – 2018, y lo logró.
Los acuerdos se empezaron a negociar oficialmente en el año 2012, con la mediación de Noruega y Cuba, por lo cual a veces se les conoce como los Acuerdos de La Habana. Ahí se crearon mesas de diálogo, donde se vincularon a líderes sociales, víctimas del conflicto, el Estado y la Insurgencia, entre otros actores del conflicto. En lo establecido, se dejaron claros varios puntos en pro de la paz y justicia social: Creación de una jurisdicción especial para la paz -una suerte de justicia transicional-, representación política de la Insurgencia, y de igual forma de las víctimas, reformas integrales del campo, perspectiva de género en el análisis del conflicto, la restitución de cultivos ilícitos y demás ejes, los cuales el gobierno accedió a implementar una vez que las FARC-EP hicieran la dejación completa de armas, la cual se dio por concluida en el 2017 bajo la inspección de las Naciones Unidas (ONU).
El 2 de octubre de 2016, el gobierno de Santos tomó una insólita decisión: llevaría a plebiscito los acuerdos, para saber si el pueblo colombiano refrendaba la medida. Más insólito aún fue el resultado: El NO a los acuerdos se impuso un 50,21% frente al Sí con 49,79%. La campaña por el NO fue adelantada por los grupos de la extrema derecha enmarcados en el proyecto político del ex presidente Álvaro Uribe y su partido político el Centro Democrático. Con el auspicio de los medios hegemónicos de comunicación, desvirtuaron el sentido de los acuerdos: instalaron la idea de que los mismos eran un arma de la Insurgencia para apoderarse la nación, imponer una dictadura comunista o incluso imponer la ideología de género. Desde aquí, todo va en capa caída.
En el 2018, Iván Duque Marquez fue electo presidente de la República de Colombia, el pupilo de Uribe logró consolidar un relato donde estaba presente "no queremos ser Venezuela y hacer trizas los acuerdos". Esto último lo cumplió a cabalidad. Inicialmente, dejó sin curules en el Congreso a las víctimas del conflicto y se alejó cada vez más de la implementación de los acuerdos de paz, ya pobremente ejecutados por Juan Manuel Santos. Cabe resaltar que el jefe de negociación del gobierno, Humberto de la Calle, quien fuera candidato a la presidencia, hizo campaña por el voto en blanco, y el jefe de negociación de las FARC-EP, Iván Marquez regresó a la Insurgencia; un indicador bastante negativo.
Según cifras de Indepaz, desde la firma de los Acuerdos, se han asesinado más de 1000 líderes y líderesas sociales, de 2016, hasta agosto de 2020. En esta categoría, tenemos dirigentes afrodescendientes, indígenas, ambientalistas, representantes de víctimas y demás personas que desde sus territorios adelantan procesos alternativos y opuestos a las políticas del gobierno Duque. La respuesta del Estado es negar que estos asesinatos sean sistemáticos y atribuirlos a víctimas del narcotráfico o incluso de vendettas personales.
El partido político FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), el cual se creó para la participación política de la antigua guerrilla, publicó en el mes de julio que hasta esa fecha 214 firmantes -ex guerrilleros- han sido asesinados, teniendo el precedente del genocidio político de la Unión Patriótica, un partido político surgido del proceso de paz con la guerrilla del M-19 en 1985, donde se estima que fueron asesinados 1500 militantes de este partido, según el portal Verdad Abierta.
En días recientes del mes de agosto, se ha mostrado un fuerte recrudecimiento de la violencia en Colombia. Se habla de 93 masacres en 20 meses, entre el 1 de julio y el 22 de agosto se cometieron 16 masacres, que acabaron con la vida de 73 personas, en hechos ocurridos en los departamentos de Arauca (1), Caldas (1), Córdoba (2), Cauca (2), Cundinamarca (1), Nariño (3), Norte de Santander (5) y Valle del Cauca (1). La ONU define masacre a el asesinato de 3 personas en un lugar; el gobierno niega estas situaciones llamándoles "asesinatos colectivos".
Los motivos de estos hechos de sangre son variados: grupos al margen de la ley disputando territorios o control del negocio del narcotráfico. En todas las variantes hay una causa común: abandono estatal e injusticias sociales que vienen de vieja data, el escenario dado para toda serie de vejámenes. El panorama no tiene buena pinta. El gobierno de Duque aún tiene dos años más, no se nota que tenga la intención de diálogo o retomar puntos de los Acuerdos de Paz y continúa con la política de negación ante los continuos crímenes en contra de los derechos humanos. Con la pandemia, muchas de estas problemáticas han empeorado y el estallido popular, que venía desde octubre, se ha visto interrumpido. Mientras esto logra tener una solución y las condiciones para una movilización de los sectores sociales estén dadas para ser escuchados y mediar por estas problemáticas, mandamos un mensaje al país y al mundo, ya que el gobierno no nos escuchará: ¡Nos están matando!
*Comunicador social - Periodista, estudiante de maestría en Comunicación y DDHH en la Universidad Nacional de La Plata.
