La genocida Israel acusó de "terroristas" a las organizaciones de derechos humanos palestinas

El Estado sionista continúa con su plan de exterminio del pueblo palestino. Esta declaración intensificará la represión sufrida durante mucho tiempo por los defensores de los derechos humanos.

Palestinos caminan por un barrio de Gaza que fue destruido por los ataques israelíes de 2021.

Por Ali Abunimah y Maureen Clare Murphy*


El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, declaró el viernes a seis prominentes grupos palestinos de derechos humanos como "organizaciones terroristas". La orden del Ministerio de Defensa acusa a los grupos de servir "como brazo del Frente Popular para la Liberación de Palestina", partido político de izquierda prohibido por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea por su oposición a la normalización con Israel.


Algunos de los seis grupos seleccionados –Al-Haq, Addameer, Defence for Children International Palestine, la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y el Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo– han cooperado estrechamente con la Corte Penal Internacional en su investigación de crímenes de guerra en Cisjordania y Gaza.


La conducta de Gantz puede estar bajo el escrutinio de la Tribunal Penal Internacional, ya que perpetró dos veces grandes masacres de palestinos en la Franja de Gaza, como jefe de estado mayor del ejército en 2014 y como ministro de Defensa a principios de este año, cuando prometió que "ninguna persona, área o vecindario en Gaza es inmune".


Mary Lawlor, relatora especial de la ONU sobre defensores de los derechos humanos, reaccionó a las "noticias inquietantes" el viernes diciendo que "los defensores de los derechos humanos no son terroristas y nunca deberían ser difamados de esta manera". Los grupos objetivo incluyen "socios clave" de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Cisjordania y Gaza. Esa oficina de la ONU dijo que la designación de terror enumera "razones extremadamente vagas o irrelevantes, incluidas actividades completamente pacíficas y legítimas como la provisión de asistencia legal y la ‘promoción de pasos contra Israel en la arena internacional’". La designación es demasiado seria, perturba el trabajo realizado por estos grupos y puede poner en peligro la seguridad de su personal y las víctimas y testigos en cuyo nombre defienden.


Grupos palestinos difamados y saboteados


Israel ha buscado durante mucho tiempo difamar y sabotear el trabajo de los grupos palestinos de derechos humanos que buscan poner fin a la impunidad israelí, mientras que figuras y grupos de presión israelíes de alto rango acusan sin fundamento a estos grupos de “armar” a la CPI contra Estados Unidos e Israel. A finales de julio, las fuerzas de ocupación israelíes allanaron las oficinas de Defensa de los Niños Internacional Palestina en Cisjordania y confiscaron computadoras y archivos de clientes. Defence for Children International Palestine investiga e informa de los abusos de los derechos humanos contra los niños palestinos por parte de las autoridades israelíes y palestinas y proporciona «servicios legales a los niños con necesidades urgentes».


Las fuerzas israelíes han matado a más de 80 niños palestinos en Cisjordania y Gaza en lo que va de año, e Israel actualmente mantiene detenidos a unos 200 niños palestinos.

También a fines de julio, las fuerzas de ocupación allanaron las oficinas del Centro Bisan de Investigación y Desarrollo, confiscando equipos y archivos. Ese mismo mes, Israel arrestó violentamente a Shatha Odeh, el director de los Comités de Trabajo de Salud, un grupo que brinda servicios de salud a miles de palestinos. Odeh también es presidente de la Red de ONGs palestinas, una organización coordinadora que representa a decenas de grupos palestinos. Los cargos presentados contra Odeh se centran en su "papel de liderazgo en los Comités de Trabajo de Salud, considerado ilegal por las órdenes militares israelíes", declaró Addameer en agosto. Odeh, de 60 años, ha sido «sometido a malos tratos y negligencia médica» mientras estuvo detenido, según Addameer.


Addameer, que aboga por los derechos de los miles de palestinos detenidos como prisioneros políticos por Israel en un momento dado, ha sido un objetivo principal de la represión estatal. Sus oficinas fueron allanadas por última vez en 2019, y los soldados «incautaron computadoras, discos duros, archivos y equipos» como «parte de una ofensiva más amplia contra las organizaciones palestinas de derechos humanos y de la sociedad civil y su personal», dijo Amnistía Internacional en ese momento.


Israel liberó recientemente a Khalida Jarrar, una legisladora del FPLP, después de dos años de prisión por su pertenencia al grupo. Jarrar ayudó a formular la solicitud de Palestina ante la CPI. A lo largo de sus años de trabajo político y de derechos humanos, "ha sido sistemáticamente acosada y atacada por el régimen de ocupación israelí", según Addameer, donde se ha desempeñado como directora general. "Las autoridades nunca afirmaron que ella tuviera una participación personal en actividades armadas", ha dicho Human Rights Watch.


Mientras tanto, Israel planea exiliar a Salah Hammouri, un defensor de los derechos humanos palestino-francés y abogado de Addameer nacido y criado en Jerusalén por su "incumplimiento de la lealtad" al estado del apartheid.



"Ataque a la propia existencia palestina"


La designación de grupo terrorista solo intensificará la represión sufrida durante mucho tiempo por los defensores de los derechos humanos palestinos y "proscribe efectivamente las actividades de estos grupos de la sociedad civil", declararon Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Además, "autoriza a las autoridades israelíes a cerrar sus oficinas, confiscar sus activos y arrestar y encarcelar a los miembros de su personal, y prohíbe financiar o incluso expresar públicamente su apoyo a sus actividades".


B’Tselem, un grupo israelí de derechos humanos, dijo que la designación era "«característica de los regímenes totalitarios, con el claro propósito de cerrar estas organizaciones". Adalah, un grupo que defiende los derechos de los palestinos en Israel, dijo que la medida es "un ataque a la propia existencia palestina y al derecho de los palestinos a la autodeterminación". El grupo agregó que la designación «constituye una persecución política con el pretexto de la legislación antiterrorista, ya que pone a miles de palestinos en peligro directo e inmediato».


Los representantes del Congreso estadounidense Ilhan Omar, Mark Pocan y Betty McCollum también condenaron la medida


Campaña de difamación concertada


La designación de terrorismo es el último paso de Israel en un esfuerzo coordinado con grupos de presión para tratar de secar las fuentes internacionales de financiación para las organizaciones que defienden los derechos de los palestinos. El año pasado, grupos de presión llevaron a cabo una campaña de difamación en los Países Bajos contra los Comités Unidos de Trabajo Agrícola y Al Mezan, un grupo palestino de derechos humanos con sede en Gaza que también coopera estrechamente con la CPI.


Gran parte de la información provino de organizaciones israelíes de extrema derecha, especialmente la ONG Monitor, que incluso el gobierno holandés ha reconocido acuerdos en acusaciones "vagas" destinadas a presionar a las organizaciones de derechos humanos y los donantes centrados en Palestina. A pesar de esto, el gobierno holandés cedió a las difamaciones y el año pasado suspendió su financiamiento a los Comités de Trabajo Agrícola Unidos en espera de una revisión externa. En febrero, esa financiación no se había restablecido a pesar de que el Ministerio de Relaciones Exteriores holandés admite que retener el dinero estaba perjudicando a los agricultores y trabajadores palestinos en la llamada Área C.

El Área C es aproximadamente el 60 por ciento de la Cisjordania ocupada que permanece bajo el control militar total de Israel y es el foco principal de los esfuerzos de colonización y planes de anexión israelíes. Pero desde la perspectiva de Israel y sus grupos de presión, privar de dinero a los Comités de Trabajo Agrícola Unidos y perjudicar la capacidad de los palestinos para permanecer en sus tierras es un gran éxito, uno que sin duda quieren repetir apuntando más al UAWC y otras organizaciones palestinas.


Hay un precedente para esta táctica: en 2010, el Ministerio de Defensa israelí declaró que el Centro de Retorno Palestino era "ilegal". Alegó que el grupo de defensa con sede en Londres estaba "involucrado en iniciar y organizar una actividad radical y violenta contra Israel". Pero las sensacionales acusaciones públicas de Israel no fueron respaldadas por ninguna prueba. "El gobierno israelí no ha planteado al Ministerio de Relaciones Exteriores ninguna preocupación con respecto al Centro de Retorno Palestino", dijo un portavoz del gobierno del Reino Unido a The Jerusalem Post en ese momento. "Si ellos [Israel] presentaran sus preocupaciones o nos pasaran cualquier evidencia de actividad ilegal, por supuesto, investigaríamos el tema, trabajando con las autoridades relevantes en el Reino Unido", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Más de una década después, no hay indicios de que se haya llevado a cabo una investigación de este tipo.


El Centro de Retorno Palestino sigue haciendo lo que siempre ha hecho: organizar actividades educativas, incluidos eventos en el Parlamento británico, centrados en los derechos de los palestinos.



"La ocupación debe rendir cuentas"


Shawan Jabarin, el director de Al-Haq que ha sido sometido a prohibiciones de viaje por parte de Israel y amenazas de muerte, desafió a las autoridades israelíes a probar sus afirmaciones el viernes. "Es posible que puedan cerrarnos. Pueden apoderarse de nuestra financiación. Pueden arrestarnos. Pero no pueden detener nuestra firme e inquebrantable creencia de que esta ocupación debe rendir cuentas por sus crímenes", dijo Jabarin a los medios israelíes. Antes de desempeñarse como director de Al-Haq, que fue fundada en 1979 y es una de las organizaciones árabes de derechos humanos más antiguas, Jabarin fue encarcelado y torturado por Israel, con el ex presidente estadounidense Jimmy Carter y el ministro de Relaciones Exteriores holandés Maxime Verhagen interviniendo en su nombre. .


Si bien la solidaridad mundial con Palestina ha aumentado, la relación entre Tel Aviv y Washington y los estados europeos se ha fortalecido a través de acuerdos de armas y subvenciones para investigación y desarrollo, consolidando una atmósfera de impunidad.

El ataque de Israel contra las organizaciones palestinas de derechos humanos, por lo tanto, se produce en un momento en que Tel Aviv puede estar más seguro de lo habitual de que se saldrá con la suya. Tras el cambio de gobierno de Israel a principios de este año, un juego de sillas musicales que no implica ningún cambio en la política, los estados europeos parecen estar en una competencia para acercarse a Israel.


Incluso Suecia, que durante mucho tiempo se ha hecho pasar por un defensor de los derechos de los palestinos, dice que quiere "pasar página y escribir el próximo capítulo" en su relación cada vez más acogedora con Israel. Mientras tanto, en casa, Suecia se está moviendo para reprimir el movimiento de solidaridad con Palestina con el pretexto de luchar contra el antisemitismo.


La orden de Gantz que prohíbe los grupos de derechos humanos, incluidos los Comités de Obras Agrícolas Unidas financiados anteriormente por los Países Bajos, se produce pocos días después de que firmó un acuerdo de "cooperación en materia de seguridad" con el Ministerio de Defensa de los Países Bajos.


Hace apenas unos meses, el gobierno holandés firmó contratos por más de U$S 100 millones en sistemas de armas israelíes que probablemente fueron probados en palestinos. La orden también llega cuando aviones de combate de Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Grecia e India están en Israel para ejercicios conjuntos. Están entrenando junto a la misma fuerza aérea israelí que hace apenas unos meses aniquiló a familias palestinas enteras en ataques deliberados con bombas contra sus hogares en Gaza. El fiscal jefe de la CPI dijo en ese momento que las personas involucradas en esos presuntos crímenes de guerra pueden ser blanco de la investigación del tribunal.

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Fuente: The Electronic Intifada


*Ali Abunimah es director ejecutivo de The Electronic Intifada. Maureen Clare Murphy es editora senior de The Electronic Intifada y trabajó para Al-Haq de 2004 a 2006.

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