El Estado fascista turco continúa persiguiendo y reprimiendo a la oposición
Ahora intentan llevar a la Justicia a los diputados que llamaron a reconocer el genocidio armenio de 1915.
Redacción NOR SEVAN
La ofensiva del gobierno turco sobre la oposición de izquierda y revolucionaria en su país y, también, fuera de sus límites, no se detiene. Y no solo eso. A pesar de los numerosos llamados de atención y condenas que recibe a escala internacional, avanza en distintos frentes y de distintas formas -desde agresiones y ataques militares, hasta asesinatos selectivos, juicios armados, “golpes de Estado” institucionales destituyendo a alcaldes, diputados y concejales legítimamente electos-, tratando de darle continuidad al ya resucitado proyecto panturquista.
Resulta innegable el apoyo que recibe para ello de las principales potencias internacionales y regionales, como ser de Estados Unidos, Gran Bretaña, la OTAN, Israel y los jeques fundamentalistas árabes, quienes intentan “utilizar” al autoproclamado sultán Erdogan y sus ansias de expansión y dominio, para satisfacer sus propios proyectos, como lo son el de imperialismo occidental y el del sionismo.
Pero muy que les pese a todos los criminales, explotadores y opresores de distintas religiones, idiomas, costumbres o nacionalidad, los pueblos de Turquía y de la región en general, lejos de sentirse resignados y vencidos, se reinventan una y otra vez para enfrentar con todas sus fuerzas a los enemigos de los pueblos y sus derechos nacionales y sociales, ya sea con las armas en la mano o por la acción política colectiva de sus pueblos, o de ambas formas a la vez.
En las últimas semanas, el Estado opresor turco lanzó una nueva serie de acciones tendientes a castigar a la principal fuerza parlamentaria de la oposición de izquierda (y pro-kurda), al Partido Democrático de los Pueblos (HDP) -tercer bloque en la Asamblea Nacional de Turquía-, que desde hace varios años se encuentra en la mira del fascismo turco. Junto al HDP hay otras varias fuerzas revolucionarias, socialistas y comunistas, que durante todas estas décadas no han dejado de enfrentar jamás a los gobiernos nacionalistas turcos, sean estos civiles o producto de los golpes militares que sumieron al país es una larga y oscura noche de persecuciones, represiones, asesinatos, desapariciones y exilio.
El lunes 13 de diciembre, la Fiscalía de Turquía abrió una nueva causa judicial contra el HDP argumentando que en un reciente Congreso partidario se cantaron consignas en favor del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización catalogada de “terrorista” por los Estados Unidos y la Unión Europea, cuyo líder principal, Abdullah Ochalán, se encuentra detenido desde hace más de dos décadas en una cárcel de máxima seguridad.
Recordemos que en junio pasado, el Tribunal Constitucional de Turquía aceptó la petición de la Fiscalía para la disolución del HDP por presuntos lazos con el PKK. La medida fue apelada y aún no hay sentencia definitiva.
El viernes 24 de diciembre, las autoridades turcas decidieron congelar los activos de 770 personas vinculadas a supuestas organizaciones consideradas terroristas por Ankara, o a otras que “abusan de la religión” o son de marcada tendencia izquierdista. Así lo anunció el Ministerio de Hacienda y Finanzas con la publicación de un extenso documento donde se recoge el nombre, la fecha de nacimiento, el lugar de residencia y el número de identificación de los implicados, así como las agrupaciones de las que estos formarían parte.
El documento, que ya fue publicado en el Boletín Oficial, afecta a 454 miembros del movimiento del clérigo Fethullah Gülen (antiguo socio y compañero de ruta de Erdogan, hoy devenido en uno de los blancos de sus ataques), a 108 personas pertenecientes al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), a otras 119 vinculadas a diversas organizaciones terroristas de carácter religioso, y las últimas 84 personas incluidas en la lista pertenecen al Partido Revolucionario de Liberación del Pueblo, una formación político-militar de ideología marxista-leninista, también considerada terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos.
Mientras tanto hoy, sábado 25, los diarios y los portales de noticias del país, amanecían con la noticia de que los legisladores del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), se enfrentan a una nueva investigación de la Fiscalía General de Ankara, esta vez, relacionada a la posición adoptada por la fuerza política respecto al genocidio armenio.
Un total de 26 diputados del HDP están acusados de "insultar al Estado turco" -según el polémico artículo 301 del Código Penal turco- por una declaración pública difundida el 24 de abril, en la que instan al gobierno turco “a reconocer el asesinato de un millón y medio de armenios por parte del Imperio Otomano como un genocidio”.
Según el noticiero turco T24, “los políticos del HDP estarán bajo investigación, si la misma es aprobada por el Ministerio de Justicia de Turquía”. Los diputados están acusados de insultar a "la nación turca y a la República". Turquía niega las acusaciones, afirmando que no hubo planificación ni participación del Estado, y que cientos de miles de armenios y turcos murieron durante la primera guerra mundial.
