Presentan una denuncia penal en la Fiscalía General contra el primer ministro Nikol Pashinian
- Redacción NOR SEVAN
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Los autores de la presentación aseguran que Pashinian está involucrado en acciones violatorias de los derechos de los ciudadanos armenios. La base de la denuncia la constituyen la persecución sistemática de opositores y los ataques permanentes contra la Iglesia Apostólica Armenia.

Redacción NOR SEVAN
Representantes de distintos medios de comunicación, políticos y activistas de derechos humanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía General contra el primer ministro Nikol Pashinian, a quien acusan de perseguir a opositores políticos e interferir en las cuestiones particulares de la Iglesia Apostólica Armenia.
En el documento se afirma que en vísperas de las elecciones parlamentarias de 2026, las autoridades armenias -lideradas por Pashinian- iniciaron acciones sistemáticas de presión y persecución contra opositores políticos y miembros de otros grupos críticos de la sociedad armenia. Según los autores de la denuncia, dentro de los principales objetivos de los ataques del gobierno se encuentran la Iglesia Apostólica Armenia, el Katolicós, varios clérigos de alto rango y sus familiares, así como contra el empresario Samvel Karapetian, el alcalde de Guiumrí, Vartán Jukasian, y otras figuras que apoyan a la iglesia y enfrentan las políticas de entrega de la actual administración gubernamental armenia.
"Las autoridades armenias, en flagrante violación de la Constitución y las leyes, están socavando el principio de autogobierno de la organización religiosa nacional y sus derechos de propiedad. Abusando de su autoridad, interfieren en las actividades de la organización y violan la privacidad de la vida privada y familiar", se afirma en el documento, según consta hoy en una noticia difundida por la agencia Sputnik Armenia.
Los demandantes aseguran que el primer ministro armenio tiene responsabilidad personal por las violaciones que se denuncian, ya que es él quien "dirige las acciones pertinentes y garantiza su implementación". Por ello, solicitaron a la Fiscalía General que tome medidas correspondientes enmarcadas en la Constitución y la legislación, exigiéndoles las explicaciones necesarias a la máxima autoridad nacional y a quienes integran su gobierno, con la posibilidad cierta de castigarlos. El documento incluye una descripción detallada de los distintos acontecimientos, dichos y decisiones gubernamentales a las que consideran violaciones a los derechos que les asisten a los ciudadanos y a las instituciones del país.













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